En un importante acontecimiento jurídico, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas ha detenido temporalmente la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) mediante una orden judicial a escala nacional. Esta decisión, dictada por el juez Amos Mazzant, plantea cuestiones críticas sobre la autoridad federal, los derechos constitucionales y la posible extralimitación de la CTA. Además, este mandato judicial crea más incertidumbre sobre si sigue siendo obligatorio presentar el informe de la BOI. Debe aclararse que esta medida cautelar es temporal hasta que se resuelva el caso.
¿Qué es la Ley de Transparencia Empresarial?
La CTA, que forma parte de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2020, se diseñó para combatir delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Exige a las empresas que comuniquen información detallada sobre sus beneficiarios efectivos a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN). Aunque sus objetivos son encomiables -aumentar la transparencia y alinear a Estados Unidos con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales-, sus amplios requisitos han suscitado duras críticas, sobre todo por parte de las pequeñas empresas y los defensores de la privacidad.
¿Por qué se suspendió la aplicación?
La decisión del tribunal de conceder la suspensión se centra en importantes problemas constitucionales planteados por los demandantes. A continuación se exponen las principales razones citadas para esta sentencia fundamental:
- Extralimitación federal
El tribunal subrayó que la LTC representa una intromisión federal sin precedentes en asuntos tradicionalmente regulados por los estados. El memorándum del juez Mazzant destacaba que la formación y el gobierno de las empresas han estado históricamente bajo jurisdicción estatal. Los requisitos de la CTA interfieren en este acuerdo, violando potencialmente las Enmiendas Novena y Décima, que protegen los derechos de los estados y limitan el poder federal. El juez se refirió a esta intromisión federal como una “ley casi orwelliana” que altera el delicado equilibrio del sistema federalista.
- Amenazas a la libertad de expresión y asociación
Las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones políticas argumentaron que los requisitos de divulgación de la LTC les obligan a revelar información sensible sobre la propiedad o los donantes. El juez Mazzant estuvo de acuerdo en que esto podría disuadir a los particulares de asociarse con dichas entidades, vulnerando sus derechos de libertad de expresión y asociación recogidos en la Primera Enmienda. La sentencia subraya que la protección constitucional de estas libertades no puede ser anulada, ni siquiera por una legislación con objetivos nobles.
- Preocupación por la intimidad y la Cuarta Enmienda
La CTA obliga a revelar datos de propiedad privada sin supervisión judicial, como una orden o una causa probable. Los demandantes argumentaron que esto constituye un registro e incautación irrazonables, que viola las protecciones de la Cuarta Enmienda. El tribunal consideró que estas preocupaciones eran convincentes, reconociendo que la revisión judicial es una salvaguardia necesaria para proteger los derechos de privacidad.
- Daño irreparable a las pequeñas empresas
El tribunal reconoció que el cumplimiento de la LTC impondría costes significativos e irrecuperables a las pequeñas empresas. Esto incluye honorarios legales, gastos administrativos y la pérdida de privacidad, que el tribunal calificó de “daño irreparable”. Según las propias estimaciones del FinCEN, el cumplimiento costaría a las empresas un total de 22.700 millones de dólares sólo el primer año, y las pequeñas empresas soportarían la mayor parte de estos costes.
- Probabilidad de éxito en cuanto al fondo
Al conceder la medida cautelar, el juez Mazzant determinó que es probable que los demandantes tengan éxito en cuanto al fondo de sus recursos constitucionales. El análisis del tribunal se centró en la falta de una “teoría defendible” por parte del gobierno para justificar el alcance de la LTC en virtud de los poderes enumerados del Congreso. Esta fuerte probabilidad de inconstitucionalidad pesó mucho a favor de la orden judicial.
¿Qué ocurre después?
El caso avanza ahora mientras el tribunal evalúa el fondo de los argumentos constitucionales. Las cuestiones clave son si el gobierno federal se ha extralimitado en su autoridad y si los requisitos de la CTA vulneran los derechos de particulares y empresas.
Para las empresas y los profesionales del derecho, este caso es relevante porque les da más tiempo para presentar el informe BOI después de la fecha límite del 1 de enero de 2025. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta medida cautelar no es la última palabra en el caso, y las empresas deben ser conscientes de adoptar la postura de que no están obligadas a presentar el informe BOI.
Dado que las empresas se enfrentan a la inminente llegada de la fecha límite del 1 de enero de 2025, esta medida cautelar supone un alivio temporal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gobierno podría recurrir dicha medida cautelar, y dependiendo del resultado del recurso, dicha medida cautelar podría mantenerse o ser revocada. La postura conservadora es seguir presentando el informe de la BOI, hasta que haya una decisión definitiva sobre el asunto. Esto probablemente llevaría unos cuantos años hasta que el Tribunal Supremo se ocupara del caso, dada la contradicción entre las distintas sentencias que se están emitiendo sobre la constitucionalidad de la CTA entre los distintos circuitos.
Relevancia para contribuyentes y profesionales fiscales
La suspensión de la LTC pone de manifiesto la tensión existente entre los esfuerzos reguladores federales y la protección de los derechos constitucionales. Aunque la ley pretende abordar preocupaciones legítimas sobre la delincuencia financiera, su aplicación debe respetar los límites establecidos por la Constitución. Este caso sirve de recordatorio de que incluso una legislación bienintencionada no puede pasar por encima de las libertades fundamentales.
Para las pequeñas empresas, lo que está en juego es especialmente importante. El cumplimiento de la LTC implica revelar información detallada sobre la propiedad, lo que muchos consideran una invasión de la privacidad. La carga administrativa que supone cumplir estos requisitos también podría suponer una presión sobre los recursos, especialmente para las entidades más pequeñas que operan con márgenes estrechos. La decisión del tribunal proporciona cierto alivio temporal sobre la presentación del informe BOI. Pero las empresas también deben recordar que esta medida cautelar no es definitiva, lo que crea incertidumbre si finalmente la LTC se considera constitucional.