Nueva norma estadounidense contra el blanqueo de capitales inmobiliarios prevista para principios de 2024

06.22.2024

Es probable que a principios de 2024 se proponga una norma largamente esperada para reprimir el blanqueo de capitales a través del mercado inmobiliario estadounidense, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La nueva normativa podría obligar a los profesionales del sector inmobiliario a informar a la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento sobre los beneficiarios efectivos de las empresas que compran propiedades en efectivo, según Reuters.

En agosto, Reuters informó de que FinCEN tenía previsto publicar un aviso de propuesta de normativa ese mes, pero la agencia retrasó el plazo sin dar explicaciones.

ICIJ supo que FinCEN presentó la norma a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca para su revisión la semana pasada, con vistas a proponerla formalmente en febrero de 2024.

El anuncio del Tesoro coincidió con la publicación de un nuevo informe del grupo de defensa anticorrupción Transparencia Internacional, según el cual Estados Unidos va a la zaga de otros países ricos en su marco de lucha contra el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.

Para formular recomendaciones a los legisladores estadounidenses, el informe compara datos de 21 países, 19 de los cuales son miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Los investigadores describieron a Estados Unidos como un “caso atípico singular” entre los países encuestados. En todos los países, salvo en Estados Unidos, las obligaciones contra el blanqueo de capitales en las transacciones inmobiliarias se aplican en todo el país, y tanto a la compra de propiedades residenciales como comerciales, según el informe.

La falta de transparencia del sector lleva tiempo en el punto de mira del Tesoro. En marzo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, citó una estimación según la cual al menos 2.300 millones de dólares en fondos ilícitos se blanquearon a través del sector inmobiliario estadounidense entre 2015 y 2020.

Los bancos, en cambio, están obligados a rastrear el origen de los fondos de sus clientes y a notificar las transacciones sospechosas a la FinCEN.

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